Qué es la Ley de Eficiencia Procesal y cómo afecta a PYMES y autónomos

Con la Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, se busca modernizar los juzgados, reducir toda la litigiosidad y promover más vías para la resolución de conflictos.

Pero, ¿qué supone esto para las PYMES y los autónomos? Pues unos cambios bastante interesantes, tanto en la forma en la que se relacionan con la Administración de Justicia, como en sus obligaciones en determinados conflictos. Veamos más concretamente en qué consiste, cómo funciona y por qué es importante tenerla en el radar si eres empresario o trabajas por cuenta propia.

¿Qué es exactamente la Ley de Eficiencia Procesal?

Se trata de un proyecto legislativo que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno español en el marco de los compromisos con la Unión Europea. Su objetivo principal es hacer que los procesos judiciales sean más rápidos, eficaces y sostenibles. Básicamente esta ley está introduciendo tres ejes principales:

1. El impulso de los medios adecuados de solución de controversias (MASC): Aquí los mecanismos como la mediación, el arbitraje o la conciliación toman el protagonismo.
2. La digitalización y simplificación procesal: Es decir, más trámites electrónicos y menos formalismos.
3. Más y nuevos modelos organizativos en la Administración de Justicia: Lo que se traduce en una gestión más eficiente de los recursos humanos y los materiales de los juzgados.

La importancia para PYMES y autónomos

Las empresas, especialmente las pequeñas y los trabajadores por cuenta propia, suelen ser muy sensibles a los costes y a la duración de los procesos judiciales. Cuando un conflicto se alarga en el tiempo o se consiguen con un litigio paralizado, puede afectar seriamente su liquidez y su estabilidad.

Es por esto que la Ley de Eficiencia Procesal busca que los conflictos se resuelvan de manera más ágil y menos costosa, promoviendo que antes de acudir a los tribunales se intente una solución extrajudicial.

Los MASC: un paso casi obligatorio

Uno de los cambios más relevantes que trae esta nueva ley es que, para muchos casos civiles y mercantiles, antes de presentar una demanda se deberá acreditar haber intentado un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Esto significa que un autónomo o una pyme que tenga, por ejemplo, un conflicto con un proveedor o un cliente, deberá pasar primero por ejemplo, por la vía de la mediación o el arbitraje.

Esto no solo puede suponer un ahorro económico, sino que también se reducen los tiempos, ya que los tribunales quedarán reservados para los casos en los que realmente no hay ninguna posibilidad de acuerdo.

Tipos de MASC

• Negociación. Negociación directa entre las partes, con o sin intervención de sus respectivos abogados.
• Mediación. Dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de una persona mediadora, que actúa facilitando el diálogo y el acuerdo de manera imparcial y neutral, pero sin hacer propuestas de ningún tipo.
• Conciliación. Una persona experta (el conciliador) con conocimientos técnicos o jurídicos relacionados con la materia en conflicto ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo, haciendo propuestas que puedan terminar la controversia entre ellas. La conciliación puede ser privada (cualquier persona con conocimientos técnicos o jurídicos) o pública (ante notario, registradores, letrados de la Administración de Justicia y jueces de paz).
• Oferta vinculante confidencial. Cualquier persona con ánimo de solucionar una controversia puede formular oferta vinculante (a través de un burofax) a la otra parte y quedará obligada a cumplirla si es aceptada. Del mismo modo, la aceptación de la contraparte es irrevocable. Es la vía más rápida.
• Opinión de persona experta independiente. Las partes entregan a un experto independiente (con conocimiento técnicos o jurídicos) toda la información y pruebas de que dispongan sobre el objeto controvertido para que éste emita un dictamen no vinculante.
• Derecho colaborativo. Negociación ordenada con abogados acreditados en Derecho Colaborativo. Si no hay acuerdo, los abogados no podrán representar a sus clientes en un litigio futuro sobre el mismo asunto. La principal diferencia con la mediación es que en el Proceso de Mediación, el mediador, es un profesional neutral, y el proceso se centra en la resolución del conflicto, en el Proceso Colaborativo los abogados que intervienen no son neutrales, representan a las respectivas partes, y el proceso se centra en la búsqueda de un acuerdo sostenible.

Ventajas prácticas para PYMES y autónomos

Podríamos resumirlo a cuatro puntos importantes:

• Menos costes: normalmente resolver un conflicto por mediación suele ser más barato que acudir a juicio.
• Rapidez: los procedimientos extrajudiciales son mucho más ágiles.
• Confidencialidad: en muchas ocasiones, los acuerdos alcanzados en estos casos, no trascienden al ámbito público.
• Mejora de relaciones comerciales: cuando no se llega al enfrentamiento judicial, puede suponer, que ese acuerdo amistoso, facilite que las partes mantengan su vínculo profesional.

Desventajas de los MASC

• No siempre funcionan: si no hay voluntad real de llegar a un acuerdo, fracasan.
• No siempre son vinculantes: por ejemplo, en mediación o conciliación, salvo que se eleve a escritura pública o sentencia.
• No generan jurisprudencia: no hay doctrina para otros casos.
• Posible desequilibrio: si una parte es más fuerte jurídicamente, puede abusar en la negociación.
• En algunos casos, puede suponer una pérdida de tiempo si el conflicto finalmente acaba en juicio.

¿Y qué pasa si no se intenta un MASC?

En la práctica, presentar una demanda sin haber acudido antes a un mecanismo alternativo puede provocar que el tribunal no admita a trámite la demanda. Por tanto, este paso será fundamental.

Digitalización y justicia más accesible

Otro de los puntos clave de esta ley, como comentábamos al principio, es la apuesta por la digitalización. La comunicación electrónica con la Administración de Justicia ya es obligatoria para abogados y procuradores, pero ahora se pretende ampliar y facilitar el acceso a pymes y autónomos, de esta forma se consigue que todo el proceso sea más sencillo y menos burocrático.

Retos y críticas, no es oro todo lo que reluce

Algunos sectores piensan que obligar a pasar por un MASC puede suponer un obstáculo más, sobre todo para aquellos que ya cuentan con pocos recursos. Otros ponen en duda si existen suficientes medios y profesionales preparados para asumir este aumento de mediaciones y arbitrajes.

No obstante, el espíritu que se quiere lograr con esta nueva norma es claro: se trata de apostar por la agilidad, la eficiencia y la modernización de un sistema que hasta ahora ha resultado demasiado lento.

Lo que está claro es que la Ley de Eficiencia Procesal marca un antes y un después en la forma de entender la justicia en España. Y en el caso de pymes y autónomos, supone la necesidad de adaptarse a nuevas dinámicas, donde los tribunales ya no serán siempre la primera opción. Lo más importante entonces, será comprender cómo funcionan los MASC, aprovechar la digitalización y contar con asesoramiento especializado para afrontar esta nueva etapa y sacarle el máximo partido posible.

Preguntas frecuentes sobre la Ley de Eficiencia Procesal

¿Es obligatorio acudir a un mecanismo alternativo antes de demandar?

En la mayoría de casos civiles y mercantiles, sí. La ley establece que será necesario acreditar haber intentado un MASC antes de interponer la demanda.

¿Qué tipo de conflictos pueden resolverse con mediación o arbitraje?

Principalmente los relacionados con contratos, incumplimientos de pago, reclamaciones mercantiles o discrepancias con proveedores o clientes.

¿Esto afecta también a las reclamaciones laborales?

No directamente. La normativa laboral ya cuenta con sus propios sistemas de conciliación previa antes de llegar a juicio.

¿Qué ventajas tiene para un autónomo optar por un MASC?

Además de reducir costes y ganar tiempo, puede evitar la tensión de un juicio y favorecer acuerdos que preserven relaciones comerciales valiosas.

¿Qué papel juega la digitalización en esta ley?

El objetivo es facilitar los trámites judiciales electrónicos, reducir la burocracia y mejorar la accesibilidad de las pymes y autónomos a los procesos judiciales.

Para más información sobre cómo puede afectarte esta Ley u otras relacionadas con tu negocio, ponte en contacto con Legálitas Negocios.

Maria Isabel Martínez Gómez Abogada experta en Derecho Mercantil