Aranceles Trump: ayudas para las empresas españolas
23 Abril 2025
Tras los aranceles del 20% impuestos por Estados Unidos a España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un paquete de ayudas por valor de 14.100 millones de euros con el objetivo de tejer un escudo que proteja la actividad y economía de las compañías españolas.
El plan, centrado en ayudar y proteger a las empresas y los empleos y en reorientar y relanzar la capacidad productiva española, movilizará 7.400 millones de nueva financiación y otros 6.700 millones de euros de instrumentos existentes.
Plan del Gobierno
Ante el peligro de una nueva crisis, el ejecutivo español considera especialmente necesario preservar nuestro tejido económico y laboral, procurando las condiciones legales para que las empresas viables puedan continuar su actividad.
El Real Decreto-ley 4/2025 de 8 de abril de medidas urgentes da respuesta a la amenaza arancelaria y relanzamiento comercial que regula estas medidas y ya se publicó en el BOE el 9 de abril de 2025.
Tal y como establece el artículo 86 de la Constitución Española, el Congreso de los Diputados deberá aprobar en un plazo de 30 días la convalidación del Real Decreto ley 4/2025 para que éste mantenga su vigencia.
La política arancelaria recientemente anunciada por la Administración de EE. UU va a generar desafíos en algunos sectores. El impacto económico en el conjunto de la economía española se prevé moderado. Sin embargo, puede ser heterogéneo, sectorial y territorialmente, en empresas expuestas al comercio con EE. UU. Es por ello por lo que a través de este Real Decreto ley se establecen una red de instrumentos que permitan a las empresas adaptarse y mitigar los efectos.
Las medidas se articulan en torno a tres ejes: fomento de la inversión productiva, provisión de liquidez para las empresas e impulso a la actividad exportadora.
Estas son las principales medidas aprobadas por el Gobierno:
Activación de ERTEs para preservar el empleo
El Gobierno activará el mecanismo RED, que permitirá mantener plantillas y ayudar a los empleados de las empresas más golpeadas por la guerra comercial hasta que su actividad se recupere, tal y como funcionaron, por ejemplo, los ERTE de la pandemia.
Esta herramienta está recogida en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y, según indican desde el Ministerio de Trabajo “constituye una medida de flexibilización y estabilización del empleo para un sector de la economía y por un ciclo temporal determinado”.
Por ejemplo, el sector del automóvil ya estaba bajo este paraguas, que autoriza a las empresas a la suspensión temporal del contrato de trabajo o la reducción de la jornada de las personas trabajadoras, mientras el estado garantiza su protección social.
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Suspensión de disolución de empresas por pérdidas
El artículo 6 de la norma contempla la posibilidad de suspender la causa de disolución por pérdidas hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2025.
Así, las empresas que lo precisen podrán disponer de un plazo adicional para absorber aquellas pérdidas que trajo el Covid-19, prolongando el tiempo en que las mismas no sean tenidas en cuenta a efectos de la causa de disolución.
A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2025.
Si, excluidas las pérdidas de los años 2020 y 2021, en el resultado del ejercicio 2022, 2023, 2024 o 2025 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.
Los administradores que, a 10 de abril de 2025, fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley, ya hubieran formulado las cuentas anuales, el informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera, y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio 2024, podrán reformularlas en el plazo máximo de un mes: hasta el 10 de mayo de 2025.
Nuevas líneas de avales para facilitar el acceso a financiación
La principal partida de esos 14.100 millones de euros irá destinada a dos líneas de avales y financiación intermediada del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
En total, serán 6.000 millones con los que el Ejecutivo quiere facilitar a las empresas el acceso a financiación y satisfacer sus necesidades de circulante y el déficit de efectivo entre las salidas y las entradas de efectivo.
Se regula en el artículo 1 del Real Decreto-ley, que prevé la aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del estado de la financiación otorgada por entidades financieras para atender necesidades de liquidez o inversión derivadas de la imposición por Estados Unidos de aranceles a la exportación.
Ayudas para transformar y reorientar las capacidades productivas de las empresas
El Gobierno va a redistribuir una partida de 5.000 millones de euros del Plan de Recuperación para que aquellas industrias y empresas afectadas puedan transformar y reorientar sus capacidades productivas hacia nuevos sectores con alta demanda.
Además, se impulsará el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, dotado de 200 millones de euros, para dar préstamos y participación en capital a las empresas, que podrán destinar a la modernizar o instalación de nuevas plantas productivas.
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Ayudas para acceder a nuevos mercados y ampliar sus exportaciones
El Gobierno ha lanzados dos partidas: una de 2.000 millones de euros en seguros de crédito y coberturas de riesgo a la explotación y otra de 500 millones para la internacionalización de las pymes.
Además, se crea un plan específico del ICEX, el órgano de promoción del comercio exterior de España, para “ayudar a los sectores afectados a afianzar su posición en Estados Unidos y acceder a nuevos mercados”.
Ampliación del plan MOVES
El nuevo impuesto de Trump afecta a todos los turismos y vehículos ligeros que se fabrican fuera de EE. UU. y también a los componentes del automóvil que se importan. A este respecto, dentro del plan de 14.100 millones para las empresas afectadas, el Gobierno incluye 400 millones de euros para la ampliación del plan Moves, lo que supondrá un estímulo al sector del automóvil, con el objetivo de impulsar el desarrollo del coche eléctrico, con ayudas a la compra y la instalación de puntos de recarga.
Peticiones a la Comisión Europea
Sánchez propondrá a la Comisión Europea una serie de “medidas de urgencia”. En concreto, España pedirá la activación de un marco especial de Ayudas de Estado que dote de mayor flexibilidad a las medidas de apoyo nacionales; un Fondo de Ayuda financiado con la recaudación de los aranceles comunitarios; que se revisen las normativas europeas para apoyar a los sectores afectados; y acelerar los trabajos para la ratificación del acuerdo con Mercosur.
Mesa de diálogo social, conferencia sectorial y ronda con los grupos parlamentarios
Los agentes sociales serán participes mediante la creación de una mesa de diálogo social para dar seguimiento y atender las necesidades de los colectivos afectados.
Además, el Gobierno convocará a la Conferencia Sectorial de Comercio, que liderará el ministro de Economía, para que trabaje estrechamente con los gobiernos autonómicos, mientras dure el conflicto comercial, realizará una ronda de consultas con los grupos parlamentarios y comparecerá en el Congreso de los Diputados para compartir información y dar cuenta de las distintas medidas que se vayan adoptando.
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Referencia legal:
Nº colegiada 57243
