Cuándo es delito insultar por Whatsapp

28 junio 2016

Recientemente el juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Granada ha condenado a un hombre a cinco días de arresto domiciliario por mandar un mensaje de WhatsApp a su pareja con el mensaje “vete a la mierda”, en la que utilizaba el famoso emoticono en sustitución de la palabra.

En julio de 2015 se reformó el Código Penal y aunque esa expresión anteriormente podía ser  tipificada como una falta de vejación injusta de carácter leve, a día de hoy sólo está tipificado si el que nos ofende es un familiar (cónyuge, persona unida por análoga relación de afectividad, padres, hijos, hermanos … etc.). 

Esta reforma del Código Penal ha suprimido las faltas, pasando algunas de ellas a transformarse en delitos leves y otras han desaparecido, pasando a la  vía administrativa o civil.

Por tanto, si nos consideramos ofendidos o insultados y nuestra denuncia se archiva porque el autor de la ofensa no sea familiar directo nuestro, solo nos queda acudir a la vía civil y reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que entendemos que se nos ha causado. Esta vía es, con carácter general, más larga y costosa. 

  • ¿A qué me enfrento si me denuncian?

El acusado se enfrenta a unas penas de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o a trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días o multa de uno a cuatro meses con una cuota diaria que por ley oscila entre los dos y los cuatrocientos euros diarios.

  •  ¿Cómo es el procedimiento penal?

Estas injurias leves solo pueden perseguirse por denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Una vez denunciados los hechos se abre en el juzgado de instrucción un proceso para el enjuiciamiento de delitos leves en el que se citarán al acto del juicio a las partes. El Juez, tras practicar las pruebas, dictará sentencia contra la que cabe recurrir en apelación ante un magistrado de la Audiencia Provincial.

Con esta reforma del Código Penal se instaura el principio de oportunidad, según el cual el Ministerio Fiscal puede entender que no exista un interés público relevante en la persecución del hecho, cuando se trate de cuestiones de poca importancia, entendiendo oportuno no iniciar acciones penales contra el investigado, decisión que ha de ser confirmada posteriormente por el juez instructor.

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