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Los menores y las redes sociales

03 junio 2015

Los actos de acoso on line que puedan sufrir los menores son hechos denunciables penalmente. Si el autor del hecho tiene catorce o más años podemos interponer la correspondiente denuncia penal en la Policía Nacional, Guardia Civil o directamente ante el Juzgado de Instrucción del lugar donde ocurren los hechos –o Fiscalía de Menores si existiera en la localidad-.

El Código Penal califica como delito los actos que supongan un trato degradante con menoscabo grave de la integridad moral, así como los actos hostiles o humillantes reiterados que supongan grave acoso contra la víctima. Si la situación no reviste tal gravedad estaríamos ante una falta de vejaciones.

Si los menores acosadores no tuvieran catorce años aún, en tal caso son inimputables penalmente y no pueden ser juzgados por vía penal ante un Juez de Menores. Tan solo cabría reclamar daños y perjuicios a los padres por los actos ilícitos cometidos por sus hijos.

Puede ocurrir que un tercero usurpe la identidad de su hijo menor haciéndose pasar por él para cometer actos ilegales. Si así fuera es conveniente interponer la pertinente denuncia ante la Policía Nacional o Guardia Civil para que averigüen la identidad del culpable localizando la dirección IP del ordenador empleado para cometer los hechos.

Otra opción es avisar al titular de la página donde se haya cometido la usurpación de identidad a través de los mecanismos que ponga a su disposición la propia página, para poder ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales de su hijo. Estaría legitimado como padre para actuar en nombre de su hijo, dada su condición de representante legal del menor.

Si su petición fuera desatendida, puede acudir a la Agenda Española de Protección de Datos e interponer la correspondiente denuncia administrativa a fin de que se inicie la investigación oportuna y se incoe el correspondiente expediente sancionador que podrá finalizar con las sanciones económicas pertinentes.

Si denuncian a nuestro hijo de trece años acusándole de cometer una infracción penal, en este caso el Fiscal de Menores acordará el archivo de la denuncia en cuanto compruebe que su hijo no tiene edad penal y que no puede ser juzgado. La víctima puede reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que haya sufrido a consecuencia de los actos ilegales que haya podido cometer el menor que aún no ha cumplido los catorce años, y esta indemnización tendrán que asumirla los padres del menor.

Con las nuevas tecnologías se abren nuevas vías de ciber-delincuencia. Existen una serie de programas conocidos como RAT –Remote Administration Tool- con los que a partir de un virus que se introduce en un sistema informático, permiten al intruso acceder de forma remota a nuestro sistema informático, controlando el ordenador infectado y entre otras posibilidades la webcam. De esta forma el intruso informático o hacker puede acceder a los password o contraseñas, encender la cámara sin que el usuario sea consciente de ello, grabar, hacer fotos a la víctima, activar el micrófono del ordenador, entrar en sus correos, documentos, etc.

Como medida de precaución conviene tener actualizados los sistemas anti-virus del ordenador y utilizar programas de bloqueo de la webcam.

El intruso informático está cometiendo un delito con esta acción tipificado en el art. 197.3 CP que castiga al que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.

En la legislación española es requisito legal tener la edad de catorce años para poder acceder a las redes sociales, por ello no existen limitaciones como tales para los mayores de esa edad. Por tanto es recomendable instalar medidas de control parental para evitar que nuestros hijos puedan acceder en la red a contenidos no deseados, e informar a nuestros hijos de las normas de seguridad mínimas que deben adoptar, entre ellas no aceptar la amistad de desconocidos que no gozan de nuestra entera confianza, no divulgar datos reservados en la red, tales como dirección, teléfono, horarios, centro de estudios, datos económicos, etc.

Ante una situación de acoso a nuestro hijo menor es recomendable preparar pruebas de cargo, impresiones en papel de los mensajes que esté recibiendo, posibles pruebas testificales, informes médicos incluso,si el acto de acoso es grave. Con toda esta información sería aconsejable acudir a la Policía Nacional o a la Guardia Civil e interponer la correspondiente denuncia penal para que inicien una investigación policial para poder determinar la identidad del culpable. Existen brigadas especializadas en delitos tecnológicos que pueden averiguar la dirección IP del ordenador empleado por el agresor y que nos podrán facilitar una información muy valiosa para poder ejercer después la acusación particular.

A los menores no les computan los posibles antecedentes penales que surjan por la comisión de delitos mientras sean menores de edad. La Ley Orgánica de Represión Penal de los Menores –LORPM- regula en su disposición adicional tercera la existencia de un Registro de sentencias firmes de condena de menores, si bien estos antecedentes de menores no computan en la jurisdicción penal ordinaria, es decir, cuando el menor alcance la mayoría de edad, si fuera cometiera un delito no se tendrán en cuenta las condenas anteriores por los delitos que cometió siendo menor.

Si en el colegio donde estudia su hijo los compañeros le hacen fotos difamatorias y las divulgan La acción descrita vulnera el Reglamento de Uso y Funcionamiento interno del centro escolar y en su condición de representante legal de su hijo tiene derecho a presentar en la dirección del centro la reclamación correspondiente. El centro responde de la vigilancia y control de las acciones que lleven a cabo los menores dentro del centro y normalmente no está permitido el uso de móviles o la utilización ilícita de las nuevas tecnologías.

Además, divulgar imágenes o contenidos difamatorios de una persona puede ser constitutivo de infracción penal, que el juzgador calificará en función de la gravedad de los hechos y de las circunstancias concurrentes. Penalmente responderá el propio menor que divulgue las fotos difamatorias, siempre que tenga la edad penal de catorce o más años y civilmente sus padres indemnizarán a la víctima por los daños y perjuicios causados por el autor menor.

Penalmente responde tanto quien capta las imágenes difamatorias o que atenten a la intimidad de otro como quien las divulga. El artículo 197 del Código Penal castiga con pena de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses para el que con intención de vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, castigándose con igual pena al que sin estar autorizado se apodere, utilice o modifique en perjuicio de tercero datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado.

En el apartado cuarto este artículo castiga con prisión de dos a cinco años al que difunda, revele o ceda a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas y con pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses al que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizara la conducta anterior.

Si los hechos los cometiera una persona encargada o responsable de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros, se impondrá en tal caso la pena de prisión de tres a cinco años, castigándose con pena de cuatro años y medio a cinco años en el caso de que tales datos se difundan, cedan o revelan los datos reservados.

Por tanto, el delito en cuestión lo comete tanto la persona que capta la imagen ofensiva y la difunde como aquella otra que divulga esa información difamatoria. Finalmente será el juzgador quién califique los hechos denunciados, a gravedad de los mismos, así como la persona o personas que deban responder de los mismos.

El plazo genérico de prescripción de estos delitos será de cinco años.

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