Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
13 Octubre 2025
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Realmente el impuesto se denomina Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Y en realidad está formado por tres impuestos:
- El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
- El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
- El Impuesto sobre Operaciones Societarias.
Está regulado en el Real Decreto legislativo 1/1993, de fecha 24 de septiembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento.
También hay que tener en cuenta la Ley 22/2009, con fecha 18 de diciembre que regula el sistema de financiación perteneciente a las Comunidades Autónomas.
Este impuesto afecta a las personas físicas y jurídicas. Las operaciones más usuales son:
- En la modalidad de actos jurídicos, cuando se formaliza una escritura de hipoteca o cuando se compra una vivienda nueva.
- En la modalidad de transmisiones, cuando se formaliza la compra o el alquiler de una vivienda, local, garaje, etc.., usados. Pero también en la compra de un vehículo usado.
- Y en la modalidad de operaciones societarias, cuando se realiza la reducción o la ampliación de capital en las empresas.
Veamos con un poco de más detalle cada uno de los impuestos.
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¿Qué son las operaciones societarias?
Las operaciones societarias están relacionadas con la constitución de sociedades, aumento y disminución de su capital y su disolución.
Estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente:
- En la constitución, aumento de capital, traslado de sede de dirección efectiva o domicilio social y aportaciones de los socios que no supongan aumento de capital, es sujeto pasivo la sociedad.
- En la disolución de sociedades y reducción del capital social, los socios, copropietarios comuneros o partícipes por los bienes y derechos recibidos.
¿Qué son los actos jurídicos documentados?
Como su propio nombre indica, grava los actos formalizados en escrituras públicas, documentos mercantiles y documentos administrativos.
El impuesto actos jurídicos documentados varía dependiendo del documento que se formalice, pero también depende de cada Comunidad Autónoma.
¿Qué es el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas?
Es un tributo que grava el traslado de la propiedad de bienes y derechos de una persona a otra. No es un impuesto que se aplique de forma anual o trimestral. Se devenga una vez se haya realizado el hecho imponible que hace nacer la obligación de pagar el impuesto. El ITP se centra en transacciones entre particulares.
En definitiva, se trata de un impuesto que debes pagar cuando realizas una compra de un inmueble o vehículos usados, pero también cuando firmas un contrato de arrendamiento, o en caso de concesiones administrativas.
La persona obligada a pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), es quien adquiere el bien, o en caso de arrendamientos, el inquilino-arrendatario.
Y cuando se trata de una concesión administrativa quien debe pagar es el concesionario o la persona que explota el bien.
El resumen, el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales debe hacerlo la persona que disfruta o se benéfica de cada transmisión.
¿Dónde y cómo debo pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales?
El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales es un impuesto estatal, pero está cedido a las Comunidades Autónomas. Por ello, el impuesto se presenta en la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma competente.
En cuanto al plazo, normalmente es de 30 días hábiles desde la firma del documento de transmisión, pero este plazo puede variar dependiendo de la Comunidad Autónoma.
Y en cuanto a su gestión y forma de presentación, igualmente depende de cada CCAA, aunque normalmente admiten tanto la presentación presencial como telemática.
¿Como se calcula el impuesto que debo pagar?
El importe a pagar depende del tipo de operación que estemos realizando y de su valor económico.
En las operaciones más usuales:
- Compra de inmuebles (viviendas, locales, garajes, solares…) La base del impuesto es el valor del bien que estemos adquiriendo. En este punto debemos tener en cuenta que existe un valor, llamado Valor de Referencia, que fija la Administración, que siempre funciona como mínimo.
- Compra de vehículo usado. La base del impuesto es el precio de compra, pero igualmente existe un valor fiscal que funciona como mínimo.
- Arrendamiento de inmuebles. La base del impuesto depende de la renta y duración del contrato
¿Qué tipo tributario se aplica?
Como es un impuesto que gestionan las Comunidades Autónomas, el porcentaje que deberemos abonar depende de cada CCAA.
En el caso de compraventa de inmuebles, el tipo oscila en las distintas CCAA entre el 6% y el 10%.
Y de igual forma, las Comunidades Autónomas, suelen establecer tipos reducidos y bonificaciones dependiendo de la operación que se realice y de las circunstancias del sujeto pasivo-comprador.
Por ejemplo, suelen existir tipos reducidos para la compra de vivienda habitual, y beneficios adicionales para determinados colectivos: familiar numerosas, jóvenes, personas con discapacidad, compra de vivienda en zonas despoblada.
El abanico es amplio ya que depende de cada Comunidad Autónoma.
Consecuencias de no pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
No abonar el impuesto en el plazo correspondiente puede acarrear sanciones económicas y recargos por parte de la Administración Tributaria.
Además, Hacienda puede iniciar una revisión para comprobar si la operación se ha declarado correctamente.
Si no pagas el ITP dentro del plazo establecido, Hacienda aplicará recargos e intereses de demora que aumentarán la cantidad a abonar.
El recargo por declaración extemporánea, presentas fuera de plazo sin requerimiento previo, oscila entre el 1% y el 20%, según el tiempo transcurrido.
La sanción por falta de pago, si Hacienda detecta la omisión, puede imponer una multa que va del 50% al 150% del importe del impuesto.
Además, la Agencia Tributaria puede revisar el impuesto liquidado para comprobar si se ha declarado correctamente. Y tiene cuatro años, desde la presentación de la liquidación, para poder revisarla.
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