Legálitas Casos Reales: Antonio evitó pagar casi 300 euros de una factura por un cambio que no había solicitado

El conocimiento de la ley y de nuestros derechos como consumidores son en muchas ocasiones la clave para evitar cobros indeseados por servicios que no habíamos solicitado. Para que un contrato sea válido, debe de cumplir, en primer lugar, una serie de requisitos, además de, por supuesto, contar con el consentimiento de ambas partes.

Una situación similar fue la que vivió nuestro cliente, Antonio*, quien tenía contratados luz y gas con una compañía de suministros. Según le relató a nuestra abogada, un día recibió una llamada para ofrecerle un descuento. En un principio, él manifestó que no quería cambiar a otra comercializadora, ya que estaba satisfecho con la que tenía para sus suministros de luz y gas. No obstante, le aseguraron que no suponía ninguna modificación en su contrato ni cambio de compañía, por lo que finalmente aceptó la propuesta.

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Para su sorpresa, semanas después, Antonio se encontró con que una nueva compañía le había hecho un cargo en su cuenta bancaria y entonces descubrió que se había cambiado de compañía, algo que no había deseado, por lo que solicitó el cambio nuevamente, sin pagar a la nueva compañía.

Pero el problema no acabo ahí. Posteriormente, la nueva compañía le siguió enviando varios requerimientos de pago con distintas cantidades, pero no las facturas, por lo que nuestro cliente desconocía a qué respondían esos pagos.

Para mayor confusión de Antonio, algunos requerimientos estaban firmados por una tercera compañía diferente, de la cual él no había oído hablar, por lo que pensaba que le reclamaban dos empresas distintas, pero en realidad se trataba de una marca que pertenecía a la segunda empresa de suministros. 

Cuando recibió un burofax reclamándole pagar por el servicio del que no tenía constancia, Antonio decidió ponerse en manos de Legálitas

Visto que los cargos no paraban de sucederse, Antonio decidió contactar con nosotros cuando recibió un burofax reclamándole 291,90 euros. De inmediato, desde Legálitas, la abogada Jezabel Pérez Solano envió una reclamación a la empresa, alegando que la información facilitada antes de contratar no cumplía los requisitos del artículo 61 del TRLGDCU. Asimismo, y en todo caso, el contrato era anulable por vicios del consentimiento. Transcurrido el plazo de respuesta, la empresa no contestó, por lo que desde Legálitas se solicitó arbitraje de consumo, ya que la compañía de suministros que le reclamaba los cargos está adherida. 

Finalmente, al recibir la solicitud de arbitraje, la compañía ha contestado indicando que parte de la deuda consiste en una penalización por baja anticipada. Esta deuda fue anulada para Antonio, para que nuestro cliente no se viera perjudicado por una conducta dolosa de una persona en particular. De esta manera, conseguimos que solo tuviera que abonar lo correspondiente al consumo de los días que estuvo con la segunda compañía, que fueron apenas 17,66 euros. Tal como explica la letrada Jezabel Pérez Solano, Antonio estuvo de acuerdo con esta solución, al tratarse de una cantidad significativamente más pequeña que la inicialmente propuesta de casi 300 euros.

*El nombre de nuestro cliente ha sido cambiado para proteger su identidad.

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