Ley de Inteligencia Artificial y obligaciones del nuevo reglamento europeo

01 Octubre 2026

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Ley de Inteligencia Artificial y obligaciones del nuevo reglamento europeo

La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea establece un marco legal para garantizar que los sistemas de IA sean seguros y respeten los derechos fundamentales. La normativa impone obligaciones que varían según el nivel de riesgo de cada sistema, desde requisitos de transparencia hasta estrictos controles para la IA de alto riesgo, y prevé sanciones millonarias en caso de incumplimiento.

La Unión cuenta con la primera norma integral para regular la inteligencia artificial. El Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como IA act o Ley de Inteligencia Artificial, lleva en vigor desde agosto de 2024, pero aplicándose con todas las garantías desde agosto de 2026, afectando de forma directa a empresas, autónomos y administraciones que usan sistemas de IA en España. Conocer sus obligaciones ya no es una opción, sino una necesidad para evitar sanciones que pueden alcanzar cifras millonarias. 

¿Qué es la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea? 

La Ley de Inteligencia Artificial es el primer marco jurídico integral de la Unión Europea dirigido a regular el uso de esta tecnología. Su objetivo es garantizar que los sistemas de IA sean seguros y respeten los derechos fundamentales. 

El reglamento se aplica a cualquier empresa cuyos sistemas de IA se comercialicen o produzcan efectos dentro del mercado europeo. Además, esta norma prohíbe determinadas prácticas e impone obligaciones de transparencia en determinados usos. También alcanza determinados usos y proveedores situados fuera de la Unión Europea cuando sus sistemas se ponen en el mercado o los resultados producidos por el sistema se utilizan en la UE.

Para facilitar la transición al nuevo marco regulador, la Comisión Europea ha puesto en marcha el Pacto sobre la IA, una iniciativa que tiene por objeto apoyar la futura aplicación, colaborar con las partes interesadas e invitar a los promotores e implementadores de IA de Europa y de fuera de ella a cumplir las obligaciones clave de la Ley de IA. 

En definitiva, la Ley de Inteligencia Artificial busca que los ciudadanos europeos puedan fiarse de la tecnología que usan. 

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El enfoque basado en el riesgo del Reglamento de IA

La Ley de Inteligencia Artificial establece una serie de niveles de riesgo para los sistemas de IA. Estos riesgos son los siguientes: 

Prácticas de IA con riesgo inaceptable y prohibiciones absolutas

Algunas prácticas de inteligencia artificial están prohibidas porque se considera que supone un riesgo inaceptable para los derechos y la seguridad de las personas. 

Entre ellas se encuentran determinadas técnicas de manipulación o engaño perjudicial para el comportamiento de las personas, los sistemas de puntuación social (social scoring), la explotación de vulnerabilidades de colectivos como menores o personas con discapacidad, y determinados usos de reconocimiento biométricos en espacios públicos por parte de las fuerzas de seguridad. 

Sistemas de IA de alto riesgo y sus estrictos requisitos de control

Un peldaño más abajo se encuentran los sistemas de alto riesgo, que son aquellos empleados en ámbitos como la selección de personal, la educación, la concesión de créditos, la gestión de infraestructuras críticas, la migración, la biometría o los accesos a los servicios esenciales. 

Los proveedores deben aplicar medidas de gestión y mitigación de riesgos, garantizar la calidad de los datos, elaborar documentación técnica y asegurar la trazabilidad del funcionamiento del sistema. También deben garantizar niveles adecuados de ciberseguridad, además de establecer mecanismos de supervisión humana. 

IA de riesgo limitado y la obligación de transparencia frente al usuario

Los sistemas que presentan riesgos limitados no están sujetos a los mismos controles que los sistemas de alto riesgo, pero determinados usos sí deben cumplir obligaciones de transparencia. 

Desde el 2 de agosto de 2026, determinados sistemas interactivos deben informar al usuario que está interactuando con una IA. También existen obligaciones para identificar determinados contenidos generados o manipulados con inteligencia artificial. 

 

¿Cómo afecta la Ley de Inteligencia Artificial a las empresas españolas?

La normativa afecta tanto a las empresas que desarrollan sistemas de inteligencia artificial como aquellas que los utilizan en su actividad. En este contexto, la primera obligación consiste en identificar qué sistemas de IA utiliza la empresa y cuál es su nivel de riesgo. 

Para las pymes, esto se traduce en tareas muy específicas como revisar los chatbots y asistentes virtuales para incorporar avisos claros de que se trata de una IA y formar al personal en el uso responsable de estas herramientas. La llamada alfabetización en materia de IA. 

Además, es importante documentar los sistemas de mayor riesgo si se utilizan en selección de personal o scoring de clientes. 

Es preciso mencionar que ignorar estas obligaciones no es una opción, debido al régimen sancionador que acompaña al reglamento. 

El papel de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial

En España, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) tiene un papel fundamental en la supervisión del cumplimiento de la normativa sobre inteligencia artificial. Es el organismo público encargado de garantizar el uso ético y seguro de la inteligencia artificial en nuestro país. 

La Agencia tiene atribuidas funciones de supervisión, asesoramiento, concienciación, formación, inspección y, cuando sea necesario, sanción. Su función contempla reducir los riesgos que el uso de la IA puede generar en la privacidad, la igualdad, la no discriminación y otros derechos fundamentales. 

Además, la AESIA ha elaborado guías prácticas sobre aspectos como la gestión de riesgos, la transparencia, la ciberseguridad, la documentación técnica y la evaluación de conformidad para facilitar el cumplimiento de las obligaciones. 

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Sanciones y multas millonarias por el incumplimiento del reglamento

El incumplimiento de la Ley de Inteligencia Artificial puede tener consecuencias económicas importantes. Las infracciones de las prácticas de IA prohibidas pueden sancionarse con multas de hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocios mundial anual de la empresa infractora, aplicándose la cuantía que resulte superior. 

Para otras infracciones de las previstas en el Reglamento, las multas pueden alcanzar los 15 millones de euros o el 3% del volumen de negocios mundial anual, según corresponda. Además, también existen sanciones concretas por proporcionar información incorrecta o engañosa a las autoridades. 

Conclusión:

  • La Ley de IA de la UE regula el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial en el mercado europeo.
  • Aplica tanto a empresas que crean IA como a las que la utilizan en su actividad.
  • Clasifica los sistemas según su nivel de riesgo: inaceptable, alto, limitado y mínimo.
  • Algunas prácticas, como determinadas formas de manipulación o puntuación social, están prohibidas.
  • Los sistemas de alto riesgo deben cumplir requisitos de gestión de riesgos, trazabilidad, supervisión humana y ciberseguridad.
  • Determinados sistemas deben informar al usuario de que está interactuando con una inteligencia artificial.
  • Las empresas deben identificar los sistemas de IA que utilizan, evaluar su riesgo y formar a sus empleados en un uso responsable.
  • En España, la AESIA supervisa el cumplimiento de la normativa y promueve buenas prácticas.
  • Las infracciones pueden acarrear multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial anual de la empresa.

FAQs

El reglamento tiene carácter extraterritorial, es decir, una empresa de IA con sede en Estados Unidos o Japón está obligada a cumplir esta norma como una empresa española, siempre que ofrezca sus servicios a usuarios o clientes europeos.

Las herramientas de generación de textos, imágenes, audio o videos mediante IA están sujetas a la obligación de transparencia recogidas en el artículo 50 del reglamento. En este sentido, los proveedores deben marcar los contenidos generados o manipulados con mecanismos como marcas de agua o metadatos. Además, si el contenido simula personas, objetos, lugares o eventos reales de forma que pueda parecer auténtico, debe indicarse de forma clara que ha sido generado o manipulado con inteligencia artificial. También, cuando un texto redactado por una IA generativa trate temas de relevancia pública, debe señalarse su origen artificial, salvo que haya pasado por una revisión humana editorial.

Con carácter general está prohibido en España el uso de sistemas de identificación biométrica en tiempo real, como el reconocimiento facial, en espacios de acceso público.

El usuario puede presentar una reclamación ante la autoridad competente de su Estado miembro cuando considere que un sistema de IA ha vulnerado sus derechos. En España, puede dirigirse a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) cuando la reclamación esté relacionada con sus competencias. Además, si la vulneración afecta a derechos como la protección de datos, el usuario puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
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