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El Tribunal Supremo revoca su última sentencia y obliga al cliente a seguir pagando el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados

07 noviembre 2018

A la espera de leer la letra pequeña, la sentencia impide a los afectados reclamar la devolución del impuesto AJD, situando el escenario legal en el mismo punto que estaba antes del 16 de octubre, fecha en la que el TS falló en favor de los clientes afectados.

La decisión del Tribunal Supremo de revocar su última sentencia (16-11-2018), en la que reflejaba que debían ser los bancos y no los clientes quienes debían pagar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, ha resultado sorpresiva y desconcertante para todos los afectados.

Aun acatando y adaptándonos a las decisiones del Alto Tribunal, sea cual sea su contenido, se evidencia que este cambio de jurisprudencia en tan solo dos semanas genera inseguridad jurídica tanto a ciudadanos como a agentes jurídicos implicados.

La conclusión tras esta revocación es que el impuesto no se podrá reclamar, ni frente a los bancos, ni frente a la Administración y, aunque la sentencia aún no está publicada formalmente y por tanto habrá que revisar el texto que la sustente, la decisión supone que a día de hoy el prestatario NO podrá reclamar el impuesto mencionado, volviendo por tanto a la línea jurisprudencial que defendía que el pago del impuesto de las hipotecas correspondía al prestatario, y no al banco.

A pesar de la sentencia, desde Legálitas seguiremos revisando la letra pequeña de todos los documentos sobre constituciones de hipotecas que tengan nuestros clientes, ya sean los suscritos hasta ahora como los nuevos que se dispongan a firmar.

El desconcierto generalizado ha venido a reforzar aún más al abogado, como figura necesaria que asesore, estudie y revise todos los contratos que firmamos en nuestro día a día, máxime si implican obligaciones que nos condicionen gran parte de nuestra vida futura, como son los referentes a los préstamos hipotecarios. Por eso, desde Legálitas les recomendamos prudencia, recopilar todos los documentos que les aporten antes de una firma y ponerlos en manos de abogados que les asesoren. No hacerlo podría suponer pagar de más o perder algún derecho que pudiera beneficiarle.


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