Si una empresa comete un delito ¿A qué penas puede enfrentarse?

Las penas aplicables a las personas jurídicas que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes:

1. Multa por cuotas o proporcional.
2. Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como de su capacidad para actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier actividad aunque fuere lícita.
3. Suspensión de actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
4.  Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
5. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.
6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo que no podrá exceder de quince años.
7. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores, por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.
8. La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como retribución o la calificación necesaria.                                                                               

Referencia Legal

• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal