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El caso Volkswagen será investigado por la Audiencia Nacional

01 noviembre 2015

Cada día va aumentando el número de afectados por el fraude del Caso Volkswagen, esto ha llevado a que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, haya admitido a trámite las querellas interpuestas contra el Grupo Volkswagen.

Esto supone que se inicie una investigación en España sobre este fraude, en el que se calcula que pueden existir aproximadamente 683.620 vehículos sólo en nuestro país. El magistrado acepta en su resolución las diligencias que habían sido solicitadas por la Fiscalía entendiéndolas como "pertinentes y necesarias" y se refieren a cuestiones de "absoluta trascendencia" para el esclarecimiento de los hechos investigados por el presunto trucaje de determinados motores diésel de 4 cilindros (2.0, 1.6 y 1.2 TDI).

La primera fecha a la que estar atentos es el próximo 10 de noviembre, día en el que Volkswagen se tendrá que personar a través de la designación de un representante legal, y que supone el trámite necesario para imputar a una persona jurídica.

El magistrado solicita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo toda la información de la que disponga sobre los hechos, incluyendo el dictamen realizado por la Agencia Medioambiental estadounidense (EPA) y los informes emitidos por el Grupo Volkswagen.

Además solicita a la compañía los comunicados que ha emitido, la relación de los vehículos afectados vendidos en España, el organigrama del grupo y el nombre de la empresa que se encargó de la fabricación del software. También solicita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente todos los informes periciales que haya realizado sobre los vehículos afectados.

Por el momento el juez no hace mención a ningún delito concreto en su resolución, sin embargo el fiscal consideraba que el ya conocido como “Caso Volkswagen” supone "una defraudación que causa perjuicio a una generalidad de personas en el ámbito territorial de más de una Audiencia" que también sería constitutivo de los delitos de fraude de subvenciones y delito contra el medio ambiente.

"La explicación a la manipulación radica en que para lograr un menor consumo de combustible es necesario obtener la mayor eficiencia energética del mismo, para lo cual se ha de someter a altas temperaturas; ello genera, sin embargo, la emisión de gases altamente contaminantes (óxido de nitrógeno)", señalaba el ministerio público.

"Supuestamente, para resolver el problema, el fabricante introdujo un software capaz de detectar cuándo el vehículo estaba siendo testado para comprobar sus emisiones contaminantes de manera que en ese momento tuviera un funcionamiento menos eficiente y, por tanto, menos contaminante".

Para el fiscal estos hechos, "de ser ciertos, determinarían que los vehículos afectados, en condiciones normales de funcionamiento, están emitiendo gases contaminantes muy por encima de los límites permitidos (podrían hacerlo en 40 veces lo permitido), lo que les inhabilitaría para circular, con el consiguiente perjuicio para su titular".

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