Europa reduce el impuesto sobre sucesiones para los no residentes

04 septiembre 2014

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado contraria al Derecho Comunitario, la regulación del impuesto sobre las herencias y las donaciones aplicadas a los no residentes en España.

Hasta ahora, un no residente, tenía que determinar el impuesto a pagar por heredar o recibir bienes situados en España, conforme la normativa general de carácter estatal, sin que pudiera aplicar los beneficios que la comunidad autónoma en la que residía la persona de la que heredaba o en la que estaba el inmueble que  había recibido en donación, hubiera establecido.

Ello daba lugar a situaciones tales como que, al recibir por herencia bienes de alguno de sus padres, una persona tuviera que pagar impuesto sobre sucesiones, por el mero hecho vivir en otro país; o no pagara nada por dicho concepto, al residir en España al tiempo de producirse tal luctuoso acontecimiento.

El Tribunal, a resultas del procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea en 2007, ha señalado que tal diferencia de trato en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por parte de los no residentes no tiene justificación alguna, comportando el incumplimiento por parte de España, de la prohibición de la restricción al movimiento de capitales recogida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, deparando la consiguiente nulidad de dicho trato dispensado a los no residentes.

Tras este pronunciamiento, queda expedita la vía de devolución de las cantidades pagadas por el impuesto a la Agencia Tributaria, a través de la rectificación de las autoliquidaciones presentadas o la revocación de las liquidaciones firmes, para el caso de que no se haya producido la prescripción del derecho a invocar alguna de esas figuras, a través del procedimiento administrativo establecido.

En el supuesto caso, de que hubiera expirado el plazo para reclamar a la Administración tributaria la modificación del cálculo del impuesto, aplicándose los beneficios establecidos en la normativa autonómica, el contribuyente no residente afectado, podrá plantear reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración, como forma de obtener resarcimiento del perjuicio causado, por la inobservancia de las normas comunitarias.

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