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¿Qué es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles?

10 marzo 2014

#Texto revisado noviembre 2015

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un impuesto obligatorio, que gestionan los Ayuntamientos por si mismos o mediante delegación a favor de otros entes, de cobro periódico y notificación colectiva (no se ha de proceder a la notificación de la liquidación), que grava la titularidad de los derechos de propiedad, usufructo, superficie y concesión administrativa sobre inmuebles (urbanos o rústicos).

Resultan obligados al pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los cotitulares de inmuebles de forma solidariamente (por la totalidad de la deuda, de forma indistinta), salvo que soliciten la liquidación de la cuota del impuesto en proporción a sus respectivas participaciones.

Hay que tener en cuenta que en los casos de transmisión de la titularidad, los inmuebles objeto de dichos derechos quedan afectos al pago de la totalidad de las cuotas tributarias que no hubieran satisfecho el anterior propietario para el caso de que éste sea declarado insolvente, debiendo de hacerse cargo el propietario en ese momento, de la deuda.

El pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las viviendas de protección oficial (VPO) y las equiparables a estas conforme a la normativa autonómica vigente, a solicitud del titular, gozará de una bonificación del 50%, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva.

Los Ayuntamientos pueden, asimismo, establecer bonificaciones para las viviendas habitadas por familias numerosas (de hasta el 90%), por domiciliación del pago o para inmuebles (de hasta el 5%) que tengan instalados sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar (de hasta el 50%).

De no procederse al pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el período establecido para ello, este se tendrá que hacer efectivo con un recargo de hasta el 20% (así como con intereses y costas de ejecución), pudiendo realizarse mediante embargo, de no atenderse al requerimiento que efectúe la Administración competente a través de la providencia de apremio.

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